Querétaro va por la inclusión laboral

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"El talento no se mide por género, ni por tatuajes...": STPS estatal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal analizará propuestas en relación con la modificación del marco legal para impedir la exclusión laboral de personas que tengan algún tatuaje.

Tonatiuh Salinas Muñoz, titular de la dependencia, explicó que cualquier sugerencia en favor de la inclusión laboral debe de ser analizada, con el fin de apoyar a una sociedad moderna y competitiva.

El talento no se mide por género, ni por tatuajes, ni preferencias. Vamos a apoyar la idea de que Querétaro sea un referente de inclusión laboral y se dejen atrás esos viejos esquemas”, expresó.

Añadió que no han recibido queja alguna por discriminación laboral por este motivo y recordó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajador está para recibir cualquier denuncia. En lo que va del año, ésta ha dado cuenta de 3,200 quejas, principalmente por no respetar el contrato colectivo.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública en la Legislatura local, Alejandro Cano Alcalá, consideró necesario que la Comisión Estatal de Derechos Humanos reciba quejas en contra de organismos particulares y no sólo del sector público, para tener cuenta si hay registro de discriminación laboral en este sentido.

Actualmente, destacó, la Constitución es muy clara en el Artículo 1, al establecer que no puede haber actos de discriminación y los ciudadanos pueden interponer denuncias por el “simple hecho de estar tatuados”.

Tras siete años de plasmar el arte en el cuerpo de otras personas, José Alberto Arellano, consideró que creció la aceptación de los tatuajes entre la sociedad, pero en ciertos lugares 
de trabajo aún persiste la discriminación por dicha razón.

Acotó que tan sólo en el Centro Histórico capitalino, “en los últimos, dos o tres años han surgido más de 20 estudios”.

Alberto Arellano detalló que si bien la legislación para prohibir cualquier tipo de acto discriminatorio es necesaria, “en países más desarrollados se debe de ir más allá que legislar o crear un órgano que regule estos actos, porque las empresas pueden hacer caso omiso de la ley”, expuso.

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CRÉDITO: 
Arlene Patiño / El Economista