¿Qué hacer si los negocios se ven afectados con la renegociación del TLCAN?

A lo largo de las últimas semanas los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México han venido sosteniendo reuniones de trabajo a través de representantes de cada uno de ellos, con el propósito de lograr un nuevo acuerdo de libre comercio para América del Norte, al que ya se le denomina TLCAN 2.0.

Estas negociaciones han generado especulaciones sobre las repercusiones que en el ámbito económico (macroeconómico fundamentalmente) tendría una nueva versión de este acuerdo comercial. Cifras van y vienen, pero poco o nada dicen sobre los efectos que podrían resentir las empresas y los empresarios en particular. Lo que aquí me ocupa es una cuestión muy concreta: en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, gran cantidad de empresas de diferentes nacionalidades se han instalado en México o iniciaron negocios con empresas establecidas en territorio mexicano, aprovechando las ventajas que ese entorno comercial ofreció; pero las nuevas disposiciones del TLC necesariamente cambiarán las condiciones en que esos negocios se pusieron en marcha y es probable que los empresarios se estén preguntando qué pueden hacer si el cambio es tal que hace inviables sus negocios.

Es decir, algunos seguramente se preguntan si, frente a esas nuevas condiciones en el entorno comercial tripartito tienen alguna posibilidad de evadir sus obligaciones o reducirlas a un nivel que se ajuste a una realidad diversa a la que motivó que las asumieran. Pues bien, en el desarrollo de las relaciones contractuales, a lo largo de nuestra historia esta pregunta se ha hecho muchas veces y se ha discutido en gran cantidad de escenarios diversos, pero todas las soluciones encontradas se han colocado en dos cláusulas posibles, que son las siguientes: rebus sic stantibus y pacta sunt servanda.

Aunque por el lenguaje utilizado pudieran sonar muy complejas, lo cierto es que esas soluciones son fáciles de entenderse, a pesar de que no se tengan conocimientos jurídicos. La primera se podría traducir en la fórmula «sólo si las cosas se mantienen igual» que autoriza a que el contrato que tiene vigencia por un largo periodo se ajuste a circunstancias sobrevenidas que alteren la base económica sobre la que se celebró el acuerdo y, como consecuencia de ello, afecten el equilibrio entre las cargas obligacionales de cada parte.

La premisa de la que este tipo de soluciones parte es que todo negociante celebra un contrato atendiendo a las circunstancias económicas (y normativas) que privan en ese momento, calculando que en ese escenario obtendrá ciertas utilidades o beneficios, lo que le motiva a ofrecer a cambio ciertas prestaciones de diversa índole. Por ello, si las cosas cambian de tal modo que desaparece la utilidad o se imponen mayores cargas para obtenerla, no sería exigible mantenerse obligado o se podría autorizar que la obligación se reduzca en concordancia con el cambio ocurrido.

La segunda solución, en cambio, muestra el camino opuesto: «lo pactado por las partes obliga» y debe cumplirse aún si las cosas cambian. En este caso, se piensa que los comerciantes son expertos en materia económica y pueden advertir los posibles cambios en su entorno, al grado que la ley supone que se han valorado todas esas posibilidades y aun calculando los efectos de ese riesgo, decidieron celebrar el contrato. Además, se asume que un cambio en el entorno económico afecta a ambas partes por igual.

En el específico caso del TLCAN 2.0, es muy probable que muchos empresarios y sus negocios se vean afectados de manera importante y que algunos de éstos se vuelvan inviables, pero en México no hemos ofrecido siempre las mejores soluciones a los conflictos relacionados con el cambio sustancial en el ámbito económico. Generalmente, el camino elegido ha sido el segundo que aquí mencioné: el de hacer que las partes cumplan lo que prometieron hacer o dar.

Habrá que ver si en ese nuevo escenario comercial nuestros tribunales se adhieren a la doctrina construida en otros países como España, que, ante su más reciente crisis económica, decidió optar por autorizar el abandono de algunos contratos o su modificación para ajustarlos a las nuevas circunstancias.

Claro está, no en todos los casos se podrá resolver igual, dado que en cada conflicto se tendrá que analizar si, además de lo sustancial del cambio en el ámbito económico y su relevancia para el negocio en particular, se generó un desequilibrio exorbitante entre las prestaciones asumidas por cada parte y no existe otro mecanismo que las propias partes o la legislación vigente hayan diseñado para recuperar el equilibrio quebrantado.

Leninn Escudero Irra, director y fundador de Escudero Irra y Asociados