Regulación fiscal a la economía digital afectará a los pequeños comerciantes

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Jorge Pozo Margáin vende electrodomésticos, refacciones para autos y muebles a través de Mercado Libre. Es un vendedor de tiempo completo y su cuenta en este marketplace (mercado digital) data de 2001. Pozo calcula que, como consecuencia de la nueva regulación fiscal para negocios de la economía digital, deberá subir sus precios para defender la utilidad.

El argumento de Pozo Margáin es la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) previsto en la nueva regulación con las comisiones que cobran los sitios de comercio electrónico, de entre 13 y 17% en el caso de Mercado Libre. Pozo Margáin registra una utilidad mensual de entre 60,000 y 70,000 pesos. Este esquema tributario, dijo Pozo Margáin, afectará sobre todo a los comercios pequeños y medianos, como el suyo.

“¿Qué tendremos que hacer los vendedores? Pues aumentar el mismo porcentaje al precio de venta porque si no, nos va a afectar en el margen”, dijo Pozo Margáin. Este emprendedor digital calcula que subirá sus precios de venta en la misma proporción que las tasas fijadas por los legisladores la madrugada del viernes 25 de octubre, cuando aprobaron la nueva regulación fiscal. Este esquema, dijo, será un desacelerador del emprendimiento en México.

Una posición similar la tiene Sissi de la Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), un lobby que representa a los titanes de la industria digital. De la Peña cree que la nueva regulación obligará a que muchas plataformas y proveedores de productos y servicios vía internet deban subir sus precios, lo que al final afectará al usuario final. “Se trata de impuestos que al final llegan al consumidor final. Es un impuesto que va a tener trasladado al consumidor final”, dijo De la Peña.

En Mercado Libre ven las cosas con otra perspectiva, pero también hay puntos de preocupación. En particular, a la compañía le desagrada la idea de recabar más información de sus vendedores de la que necesitan para operar y que sólo tengan cuatro meses para comenzar a hacer las retenciones de ISR.

“Para un tema fiscal, con el RFC sería suficiente, pero la ley establece que vamos a tener que pedir mucha más información, incluido el CURP. Creo que hubiera sido ideal que quedara limitado al nombre de la persona y al RFC, porque el RFC al final ya incluye toda la información que se está solicitando”, dijo Alehira Orozco, directora de Asuntos Públicos de Mercado Libre.

Pese a que el sector empresarial se mostró complacido por las modificaciones que hizo el Senado a la Ley de Ingresos 2020, otros miembros de la industria digital discrepan aún de varios de los artículos reformados. A estas alturas ya nada pueden hacer con excepción de prepararse para la nueva realidad tributaria, que entrará en vigor el próximo año.

Cambios de ida y vuelta

El esquema de tributación de la economía digital lo creó la Secretaría de Hacienda; lo revisó y aprobó la Cámara de Diputados, y tocó al Senado hacer los últimos ajustes. En Diputados:

1. Se eliminó la sanción que pretendía desconectar de internet a las plataformas digitales residentes en el extranjero que incumplieran con la nueva regulación fiscal.

2. Se excluyeron de la regulación tributaria los servicios de publicidad digital.

3. Se amplió el plazo para implementar la regulación a partir del 1 de junio del 2020.

En el Senado se hicieron cambios en el monto de la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta para quienes prestan servicios de transporte por aplicación, para quienes sirven de intermediarios digitales en la compraventa de bienes y para quienes ofrecen hospedaje también por la vía digital.

Los senadores también obligaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a que divulgue las reglas de la Miscelánea Fiscal el 31 enero, lo que le daría a las empresas más tiempo para prepararse y estar en cumplimiento de la nueva regulación. Las plataformas pedían entre ocho meses y un año para poder acatar la nueva norma.

Las tasas de ISR

Así serán las tasas de retención de ISR que las plataformas digitales deberán retener a los conductores, repartidores y a quienes rentan inmuebles o venden productos o servicios a través de marketplaces:

CRÉDITO: 
Rodrigo Riquelme / El Economista