La PTU, ¿en riesgo de no poder pagarse?

Mayo es uno de los meses más esperados por la generalidad de los trabajadores de personas morales ya que en este periodo se realiza el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades; sin embargo, este año particularmente presenta un panorama complicado para una gran cantidad de contribuyentes debido a la crisis sanitaria generada por la epidemia Covid-19, por todos conocida y que ha ocasionado el cierre de una gran cantidad de establecimientos mercantiles y en el mejor de los casos una reducción parcial de sus actividades, impactando en sus flujos de efectivo.

A este respecto, cabe recordar que la Ley Federal del Trabajo establece que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Así las cosas, tomando en cuenta que el 31 de marzo venció el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas morales, los 30 días posteriores se cumplirán, en términos generales, el 30 de mayo de 2020 en el caso de personas morales.

No hay que olvidar que también existen patrones personas físicas que para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta tributan en el régimen de servicios profesionales y actividades empresariales, o en su caso en el régimen de incorporación fiscal, quienes tienen como fecha límite para presentar su declaración anual el próximo 30 de abril de 2020. Así, contando los sesenta días posteriores a la fecha de presentación de su declaración anual, en principio tendrían que pagar la Reparto de Utilidades (PTU) a sus trabajadores el 30 de junio de 2020.

Para determinar la base de la PTU que se debe pagar en mayo de 2020 (o en su caso, en junio de 2020 en el caso de patrones personas físicas) se considera, en términos generales, la base gravable determinada en el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2019, es decir considerando los ingresos y deducciones del citado ejercicio.

Así, cada empresa determinó su resultado financiero y fiscal del ejercicio 2019 en función a su crecimiento o reducción de sus actividades, o en su caso a inversiones efectuadas en nuevos proyectos de inversión que no necesariamente generaran ingresos en el corto plazo aunque si costos o gastos que reducen su utilidad de operación. A lo anterior hay que adicionar que 2019 fue un año donde la economía se contrajo notablemente, afectada también por eventos económicos externos, a tal punto que algunos expertos consideraron fue el inicio de una eventual recesión económica. Con estas consideraciones, es probable que la PTU determinada por las empresas pueda ser menor a la obtenida en años anteriores o incluso en algunos casos no haberse generado cantidad alguna.

Ahora bien, partiendo de la base de que la PTU se paga considerando los resultados obtenidos en el ejercicio inmediato anterior en principio pareciera ser que no existiría impedimento alguno para su pago en el año en curso; sin embargo, no puede establecerse esto como una regla general, ya que cada empresa tendrá su propio panorama frente a la actual crisis sanitaria.

Vale la pena mencionar que la Ley Federal del Trabajo establece, en términos generales, que los derechos de los trabajadores prescriben al año de su exigibilidad, lo que implica que no por el hecho de no poder ponerse la PTU a disposición de los trabajadores en mayo de 2020 pierdan ese derecho, toda vez que existe ese plazo de un año para poder reclamarla. El problema actual no es ese, sino el flujo de efectivo de que pueda disponer cada empresa, si es que acaso lo tiene, o en el peor de los casos que no tenga que cerrar antes su negocio ante la falta de liquidez.

Recordemos que las empresas enfrentan actualmente una situación no vista con anterioridad en nuestro país, como lo son los decretos y medidas sanitarias establecidas ante la contingencia de Covid-19 que ha ocasionado que una gran cantidad de empresas y también de personas físicas hayan tenido que cerrar sus negocios por disposición oficial, al no considerarse actividades esenciales en la economía.

Es claro que si una empresa no puede abrir no vende, no tiene ingresos, y esto se acentúa en aquellas empresas en que por su naturaleza no le es posible trasladar su actividad a la modalidad de home office. Y adicionalmente, el cierre obligatorio del establecimiento no es considerado suspensión de la relación laboral que libere al patrón de la obligación de continuar pagando los sueldos y cargas sociales de sus trabajadores. Ante este complicado panorama, desafortunadamente varias empresas han tenido que bajar en forma definitiva sus cortinas.

Pero además la empresa debe, como todo residente en México, pagar sus contribuciones acorde con la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna, empezando por la declaración anual del ISR cuyo plazo ya venció en marzo de 2020, así como las declaraciones mensuales correspondientes del ISR, el Seguro Social, la bimestral del INFONAVIT, etc.

En algunos casos se han establecidos ciertos paliativos, principalmente el diferimiento en la fecha de pago en el caso de impuestos locales hasta el último día de mes, pero no es suficiente. En el IMSS se estableció también un estímulo a través de un acuerdo que no prevé condiciones favorables en la tasa de financiamiento, e incluso resultaría más caro que las tasas de interés cobradas por una institución del sistema financiero.

Sin duda alguna, nuestro país, y particularmente el sector empresarial para el caso de la PTU enfrentan un complicado panorama, más ahora ya iniciada la fase 3 de contingencia sanitaria. Resulta imperante se establezcan medidas de apoyo a la economía de las empresas que le permitan, no condonar ni disminuir, sino diferir en condiciones favorables sus obligaciones fiscales y acelerar en realidad los procesos de devolución de sus saldos a favor, a fin de que puedan enfrentarla de mejor modo y sobrevivir a esta etapa difícil e incluso, es deseable que así sea, que puedan también disponer de recursos para poder pagar la PTU a sus trabajadores.

* Rodolfo Jerónimo Pérez, iIntegrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México