Las otras responsabilidades fiscales

Hoy quiero platicar con ustedes, amables lectores, respecto de la evolución que han tenido los métodos de fiscalización que el gobierno efectúa para asegurarse de que todos los actores económicos cumplen con sus obligaciones fiscales en nuestro país.

Por supuesto que México no está solo en la lucha por incrementar la recaudación fiscal, es un tema que ocupa en mayor o menor medida a todas las autoridades y legislaciones de todos los países del mundo. Para que los gobiernos, cualquiera que sea el nivel, puedan cumplir con sus objetivos es necesario que cuenten con los recursos suficientes. Dichos objetivos son, principalmente, proporcionar a sus habitantes: seguridad, educación, servicios de salud, vías de comunicación, facilidades para la producción y distribución de bienes y servicios, vigilancia del cumplimiento de las leyes, normas y reglas de convivencia social en un ambiente de paz, entre otros.

Todo lo anterior, en el marco de una administración pública eficiente. Las necesidades del gobierno además se incrementan por todos aquellos compromisos que los políticos contraen con la sociedad que los elige. El costo de todo lo anterior se resume en el presupuesto de egresos que los gobiernos presentan anualmente a sus legislaturas para ser aprobadas.

Los recursos se los hace llegar a través de la recaudación de los impuestos, derechos y aprovechamientos que, de acuerdo con las leyes, puede cobrar. Para esto, el gobierno también sujeta a aprobación de las legislaturas el presupuesto de ingresos del año. En dicho presupuesto, el gobierno se compromete a recaudar los recursos suficientes para enfrentar todos los gastos que ha programado en su presupuesto de egresos.

Hasta ahora, nuestro país no ha sido muy eficiente en recaudar, seguimos siendo uno de los países que menor porcentaje de recaudación tiene con respecto a su Producto Interno Bruto. Éste no es un artículo de análisis de las razones por lo que esto sucede; sin embargo, es un hecho que sirve para explicar la razón de lo que aquí digo.

Con objeto de aumentar la recaudación, en los últimos 20 años, el gobierno ha tomado medidas desde la automatización de procesos y utilización de tecnología de big data e inteligencia artificial, hasta utilizar a los contribuyentes cumplidos para que le ayuden a fiscalizar a sus pares.

Y esto es lo que conecta la intención de esta columna; hablar de la administración de las empresas con los grandes problemas nacionales con respecto a la fiscalización.

Hoy en día, a través de diversas reformas a las leyes fiscales, el gobierno ha trasladado la responsabilidad de detectar a todos los incumplidos fiscalmente a los contribuyentes que sí cumplen. Entre otras acciones, las empresas se tienen que preocupar por verificar si los proveedores de bienes y servicios que utilizan no están en las listas de empresas que, de acuerdo con ciertos criterios de la autoridad, se consideran como que emiten comprobantes fiscales sin sustento.

No estoy en contra de que el gobierno actúe de esta manera, simplemente creo que un empresario mediano o pequeño ha incrementado significativamente sus costos administrativos para lograr cumplir con los requisitos que la autoridad solicita.

Como ejemplo he visto casos en los que el gobierno obliga a las empresas a hacer no deducibles compras a proveedores porque están en las listas publicadas por el SAT como empresas que pueden caer en los supuestos de la ley, pero que cuando dichas empresas, que probablemente cayeron en esa lista por errores administrativos, se defienden y ganan, salen del supuesto, pero sus clientes ya tuvieron que pagar un impuesto superior al que tenían que haber pagado.

Sí, las empresas tienen que cumplir, pero el gobierno también, haciendo mejor sus trabajo y evitando caer en abusos que sólo dañan a las empresas que producen y cumplen.