El origen de los recursos

El 17 de octubre del 2012, el gobierno federal de México decretó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado de dinero. Traigo esto a colación, porque, hoy en día, todas las instituciones financieras que operan en el país, así como todas aquellas entidades o personas que se dediquen a actividades llamadas vulnerables tienen la obligación de presentar a las autoridades todas las operaciones llamadas reportables.

Esto es importante para los administradores de las empresas y las personas, sin importar que caigan en las categorizaciones anteriores o no, ya que en el momento en que lleven a cabo operaciones con las obligadas y si estas operaciones caen en la categoría de reportables, entonces la institución con la cual se estén haciendo negocios tendrán la obligación de solicitar toda la información relativa al origen de los recursos que estén utilizando para llevar a cabo la operación.

Los individuos, que, por la naturaleza de sus negocios, reciban grandes cantidades de efectivo y que tengan la necesidad de depositarlo en instituciones financieras, serán de los primeros en tener que comprobar que todo ese dinero tiene una procedencia lícita. También aquellos que pretendan comprar bienes muebles o inmuebles por montos superiores a 100,000 pesos y que quieran llevarlo a cabo en efectivo tienen que demostrar el origen de dichos recursos.

Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la capacidad de verificar los movimientos de efectivo que las personas tengan en sus cuentas bancarias, sean éstas por depósitos o por créditos. El SAT ha estado monitoreando los movimientos financieros de las personas y de las empresas y los compara con los recursos que reportan en sus declaraciones de impuestos, por lo que cualquier inconsistencia llama la atención de la autoridad y en seguida está solicitando las aclaraciones correspondientes. Es importante para todos atender, contestar y, en su caso, justificar claramente estos requerimientos para prevenir que la autoridad lleve a cabo procedimientos posteriores de verificación o de liquidación, que pueden ser evitados dando atención oportuna.

Las reformas al código penal aprobadas en años recientes faculta a las autoridades, no solamente a incautar los bienes de las empresas y personas sospechosas de cometer actos criminales, también a disponer de ellos para aportarlos al bienestar social, por ello es importante poder comprobar el origen de los recursos en todo momento.

Por lo anterior, tanto la administración de las empresas, como los individuos tienen que llevar un registro y control de su patrimonio y de las ganancias o pérdidas obtenidas o incurridas derivado de éste, así como los ingresos y gastos obtenidos por la actividad que desarrollen, con objeto de tener los elementos que sustenten el patrimonio y los recursos que se detentan.

Por otro lado, tener dicha información y ponerla a disposición de las autoridades es un reto, ya que, derivado de la situación de inseguridad del país y de otros países, las empresas y los individuos buscan tanto la confidencialidad de su patrimonio como refugios seguros para guardarlo.

Es común que, cuando alguna persona o empresa que ha mantenido un perfil bajo sale a la luz pública, exista la tendencia por parte de los medios de comunicación y de los líderes de opinión al escrutinio del origen del patrimonio que tienen. En muchos casos, no es deseable, ya que también atrae la atención del crimen organizado, que busca sacar provecho de esas personas.

Para mantener la confidencialidad y la tranquilidad, la administración de las entidades y los individuos deben tener la posibilidad de demostrar en todo momento la legalidad de sus recursos y así evitar investigaciones y escrutinios inconvenientes.