Protección a mipymes aún incipiente

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Se requiere justicia para las violaciones que sufren las empresas

¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de escuchar el calvario que significa para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ser proveedoras de grandes corporativos, cadenas de supermercados o tiendas departamentales?

No tiene que ver con el reto que enfrenta la pyme al buscar tener la capacidad de fabricar y entregar a tiempo el pedido para estas grandes empresas, cumpliendo todos los requisitos de empaque y presentación, ya que eso representa crecimiento y madurez para el negocio, mayor posicionamiento en el mercado, la posibilidad de crear empleos y obtener mejores utilidades.

Y aunque todo esto supone un gran esfuerzo, el verdadero problema se asoma cuando las mipymes deben alinearse a las reglas que estas compañías imponen, como el pago del producto a 90 días, el regreso de la mercancía no colocada en pésimas condiciones, participar de promociones casi imposibles de financiar e incluso la cobertura de cuotas adicionales por aparecer en la publicidad o en determinada área de la tienda.

Ésta es una práctica muy común en el mundo empresarial que se une a la serie de violaciones y faltas a los derechos de las pequeñas empresas en México que deberían ser sancionadas para permitir un desarrollo y crecimiento sano de estos negocios que aportan siete de cada 10 empleos en el país y la mitad del Producto Interno Bruto (PIB).

Otras violaciones también se han podido observar desde los distintos niveles de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, o bien, en temas que tienen que ver con acceso a financiamiento, a programas o compras de gobierno, cuestiones fiscales, laborales o de seguridad social.

A esto se suma la burocracia, la corrupción y otros malos manejos que impiden que las pequeñas empresas en México puedan sobrevivir.

¿Debería entonces existir un defensor de oficio? ¿Se tendría que promulgar una ley, generar normas o reglas que permitan un mejor desempeño de estos negocios? Esto es muy polémico y tendría que analizarse desde distintas aristas que engloban desde lo relativo a la apertura de un negocio, los trámites a realizarse, hasta cuestiones fiscales y de seguridad social, donde se tendría, por ejemplo, que analizar si las pymes deberían entrar en el mismo paquete que lo hacen las grandes compañías.

Al listado se suma el problema de informalidad que va en crecimiento en el país, las prácticas desleales en el mercado y que la misma legislación no necesariamente da la ventaja a las empresas mexicanas vs las extranjeras.

Se espera que junto con el surgimiento del nuevo Instituto Nacional del Emprendedor, del cual en esta misma columna le adelanté la firma del decreto que oficializa su creación, se genere una figura que permita apoyar y proteger a las pymes y los emprendedores.

La iniciativa es atractiva y no parece fácil; sin embargo, en este primer paso será relevante contar con una fórmula que provea transparencia y sanciones justas para todas aquellas violaciones que sufran las mipymes, sin colocarlas en el papel de víctimas.

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CRÉDITO: 
Carmen Castellanos