Es impensable una ley así

Foto: Archivo./ elempresario.mx

Conforme se va conociendo más el alcance de la propuesta de ley sobre el sistema nacional de banca de desarrollo, resulta posible apreciar con mayor claridad la dimensión del error de política económica que significaría que el Congreso aprobara esta iniciativa.

Sería necesario un verdadero tratado para enumerar una a una las consecuencias tan negativas que llevar a la práctica dicha ley le traería al país.

Nada más de pensar que todas las secretarías de Estado que cuentan con instrumentos de promoción del desarrollo económico tuvieran que sujetarse a los mandatos de un consejo que tendrá únicamente una visión financiera, da escalofrío.

Jamás, en ningún país, las secretarías de Estado o ministerios han estado regidos por una organización que esté por encima en la definición y aplicación de políticas, y que, además, esté dominada por banqueros. Pero no privados, sino gubernamentales. Principalmente, directivos de las diferentes instituciones que conforman la banca de desarrollo.

Insensatez

Para darnos una idea de la magnitud de esta insensatez y pasándolo a una escala global, imaginemos que, de pronto, los gobiernos de todos los países deciden dejar que quien gobierne los destinos del mundo sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que todas las demás organizaciones como la Organización Mundial de Comercio (WTO), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y muchas otras, tengan todas que sujetarse al mandato del FMI y tengan que poner enteramente sus recursos a disposición de dicha organización financiera.

Eso es, más o menos en una escala nacional, lo que pretende dicha ley. Los secretarios de Estado tendrían que poner sus recursos de fomento a disposición del Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo en un plazo máximo de cuatro meses, después de que la ley entre en vigor.

La ley no solamente pretende la desaparición del Fondo Pyme, del Fondo de Fomento Minero, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, al ser transferidos a diversas instituciones de banca de desarrollo, sino que incluye además a “todos los fondos e instrumentos federales de financiamiento” y, dado que no viene en la ley una definición de cuáles son dichos fondos e instrumentos federales de financiamiento, podemos pensar que se trata prácticamente de todos los programas que canalizan recursos a las muy diversas poblaciones objetivo.

La aplicación de esta ley en México significaría que todos los esfuerzos de desarrollo nacional estarían, de aquí en adelante, sujetos a una óptica meramente financiera, lo cual nos deja pensando en si realmente nuestros diputados y senadores tendrán la miopía como para acceder a semejante acción.

La verdad es que dudo mucho que la gran mayoría de ellos sepa siquiera lo que se está proponiendo con esta ley. Si llegara a pasar, sería verdad el dicho que reza que cada quién tiene lo que se merece.

Me pregunto qué opinará la sociedad civil cuando se entere de lo que algunos diputados y senadores están tramando. Hagámoslos responsables.

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CRÉDITO: 
*Alejandro González