Los precios de transferencia

La ley del impuesto sobre la renta se dio en México en los años noventa, a fin de lograr que las empresas pagaran en el país el impuesto sobre la renta justo .

Una de las principales ambiciones de un empresario que se dedica a producir algo es controlar la cadena productiva de su negocio. Esto con objeto de aumentar el control de los insumos que necesita y la cadena de distribución, en consecuencia aumentar su margen de utilidad.

La cadena productiva de un negocio incluye todas las materias primas e insumos necesarios para producir una cosa. Los grandes conglomerados del siglo XX fueron formados a partir de integrar la producción de las materias primas hasta el bien que satisface una necesidad del productor final.

Por otro lado, el empresario en su carácter de inversionista tiene la necesidad de distribuir el riesgo con objeto de, como decimos coloquialmente, no meter “todos los huevos en la misma canasta”, por ello aísla los riegos individuales relacionados a cada paso de la cadena productiva en segmentos independientes. Normalmente forma diferentes empresas para lograr esto.

Sin embargo, como reacción normal de un inversionista, tratará de que el impuesto que pague sea el menor posible y lo lleve a cabo en la región o país en donde reside.

Por otro lado, están los gobiernos (sean nacionales, regionales, estatales o municipales) que quieren y necesitan que los beneficios que genere cada segmento del negocio se queden en la región donde son producidos de origen para beneficiarla. Estos normalmente son traducidos en impuestos sobre las ganancias (en el caso de México le llamamos impuesto sobre la renta).

Todo lo anterior ha dado lugar a muchas discusiones en los ámbitos gubernamentales, en donde también se ha peleado por atraer los beneficios del pago de impuestos hacia sus respectivos territorios.

Después de años de discusiones al respecto, a finales de los años ochenta, como resultado de una mayor influencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se crearon reglas que determinan los precios de transferencia entre empresas relacionadas a nivel internacional y se impulsó a los gobiernos que estaban afiliados a dicha organización, los cuales exigieran a las empresas que operan bajo sus respectivas jurisdicciones a seguirlas, con el objetivo de que los grande grupos internacionales pagaran sus impuestos de acuerdo a la ganancia justa que generaran en cada jurisdicción.

En México, estos principios fueron llevados a la ley del impuesto sobre la renta en los años noventa, a fin de lograr que las empresas pagaran en el país el impuesto sobre la renta justo y equitativo a la utilidad generada en el territorio nacional.

Adicionalmente, los mismos conceptos fueron aprovechados para obligar a los grupos de empresas dentro del país a que los impuestos sean determinados en función a la utilidad que genera cada empresa dentro del grupo. Ya que existe la tendencia natural de querer transferir las utilidades a la empresa en la que pueda pagarse la menor tasa de impuestos.

De ahí que, en nuestro país, todos los grupos empresariales están obligados a determinar sus impuestos en función a la utilidad real que cada empresa debería estar generando.

Pero en realidad, ¿cómo se determina dicha utilidad? Para esto se aplica el principio de alcance de la mano (“arm's length” por el término en inglés). Esto quiere decir que cualquier participante de un negocio tratará de obtener el mayor beneficio que esté al alcance de sus manos derivado del mismo.

En consecuencia, todas las empresas, independientemente de que sean parte de un grupo, deben obtener el máximo beneficio de un negocio. Por lo tanto una empresa dentro de un grupo debería cobrar una cantidad equivalente al precio que obtendría una parte no relacionada a este.

Para lograr la determinación anterior, existen varias metodologías aceptadas por la OCDE y en general la mayor parte de los países, de las cuales hablaremos en artículos posteriores.