Blog de Colegio de Contadores Públicos de México

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Hay que considerar que en esta época en donde muchas de las entidades están pasando por un decremento en sus ingresos, es importante contar con información financiera actualizada con el fin de tomar decisiones oportunas que ayuden a optimizar los recursos disponibles y mantener en la medida de lo posible la actividad económica de la compañía.

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La evolución del sistema financiero, desde años atrás era una realidad inminente que se aceleró con la llegada del confinamiento tras la pandemia por Covid-19; pues hubo que trasladar gran parte de la operación de las entidades a la vía remota haciendo uso de herramientas tecnológicas. Si bien es cierto que ya existía la regulación Fintech, es claro que muchos sujetos obligados aún no estaban listos para dar el salto tecnológico de manera radical.

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Recientemente ha circulado en medios el acuerdo de reforma constitucional impulsada por Alfonso Ramírez Cuellar por medio de la cual se busca dotar de facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a efecto de que pueda medir la concentración de riqueza en México, partiendo para ello de los datos que le provea el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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La crisis financiera global ha tenido y seguirá teniendo repercusiones en el crecimiento de la economía en México y, de hecho, aún se desconoce las dimensiones y las posibles consecuencias que se tendrán

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Mayo es uno de los meses más esperados por la generalidad de los trabajadores de personas morales ya que en este periodo se realiza el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades; sin embargo, este año particularmente presenta un panorama complicado para una gran cantidad de contribuyentes debido a la crisis sanitaria generada por la epidemia Covid-19, por todos conocida y que ha ocasionado el cierre de una gran cantidad de establecimientos mercantiles y en el mejor de los casos una reducción parcial de sus actividades, impactando en sus flujos de efectivo.

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Sin duda debido a la baja actividad económica muchas empresas están enfrentando problemas económicos, por ello – en mi opinión – una tarea que debe realizarse es la autoevaluación. Esta autoevaluación a que me refiero debe ser realizada por empresarios, equipos de finanzas y asesores en conjunto con el objetivo de identificar alguna oportunidad para la generación de algún beneficio o flujo de dinero para nuestras actividades diarias.

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Ante el daño a la economía que ya muestran otros países, debido a la interrupción del comercio y de la actividad de diversas cadenas de producción, y a la penosa parálisis mostrada hasta ahora por el gobierno federal frente a la incertidumbre económica y social que ha generado la pandemia del coronavirus comparativamente con las acciones emprendidas por varios países como son: la aplicación de incentivos fiscales, llámense subsidios, diferimientos, condonación o disminución de cargas tributarias.

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Como cada año las personas físicas deben preparar la documentación e información que necesitarán para la presentación de su declaración anual, situación que resulta de especial interés para aquellas personas físicas que estimen tener saldo a favor en el impuesto sobre la renta y que solicitarán en devolución.

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Dentro de las reformas que fueron aprobadas el pasado 8 de diciembre y entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2020, destaca la adición de una nueva obligación prevista en la ahora fracción IV de la Ley de la materia, consistente en retener 6% del impuesto al valor agregado que le sea trasladado a las personas que utilicen los servicios de subcontratación en materia laboral.

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Como parte un conjunto de recomendaciones que desde hacer varios años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho a sus integrantes para combatir la evasión fiscal, se encuentra el documento denominado “Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report”, del cual derivan las bases para establecer nuevas obligaciones encaminadas a informar sobre los “esquemas reportables” que entrarán en vigor en México el 1 de enero de 2020, siendo su origen según dicho organismo las estrategias agresivas o abusivas en materia fiscal. Algunos otros países como Estados Unidos de América, Reino Unido, España, Canadá y Sudáfrica, ya tienen un marco legal similar.

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