Reabrirán dependencia anticontrabando

Foto: Archivo Cuartoscuro

Seis de cada 10 piezas de ropa y calzado que se comercializan en el mercado local son de procedencia ilícita

Guadalajara, Jal. Jalisco volverá a contar con una Fiscalía Especial para el combate al Contrabando y la Piratería, anunció al sector privado el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

Debido a la afectación que ambos delitos representan para el sector productivo del estado, donde -según el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)- seis de cada diez piezas de ropa y zapatos que se comercializan en el mercado local son de procedencia ilícita, el gobierno del estado revivirá la dependencia que desapareció en el actual gobierno.

“Les garantizo que a través de la Fiscalía estaremos especializando una unidad, sobre todo para la atención en materia de piratería, todo lo que tiene que ver y daña la economía de los jaliscienses”, manifestó el titular del ejecutivo estatal ante representantes de la iniciativa privada, que asistieron a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara.

Dijo que gobierno e iniciativa privada deberán trabajar juntos para ofrecer alternativas a quienes viven del comercio ilícito, y evitar que pasen “de la ilegalidad de una actividad comercial a la ilegalidad de cometer un delito”.

Pese a tratarse de delitos federales, durante el sexenio de Emilio González la Subprocuraduría especializada operó respaldada por el Anexo 8, que faculta al gobierno estatal para realizar operativos contra la venta de productos de dudosa procedencia.

De acuerdo con Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el sector productivo nacional pierde anualmente aproximadamente 74,700 millones de dólares a causa del contrabando y la piratería.

Presentan propuesta

Por su parte, el presidente de Canaco Guadalajara, Francisco Beckmann, presentó una propuesta de seis puntos para combatir al comercio ilegal, entre los que destacan implantar programas de capacitación que generen conciencia sobre el delito; que las cadenas industriales concedan a pequeños comerciantes precios de mayoreo para desmotivar el consumo de productos ilegales y consolidar un padrón en los municipios metropolitanos para conocer cuántos comercios sí cuentan con permiso.

La propuesta incluye también ampliar los canales de denuncia del delito, así como mantener una comunicación y vinculación directa entre las autoridades aduanales y los productores para detectar la mercancía ilegal.

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CRÉDITO: 
Patricia Romo, El Economista