Lanza EPN cruzada contra la informalidad

Foto: Eleconomista.mx / A. López

Hoy día, 200,000 trabajadores se encuentran en esta situación

El gobierno federal y los 32 estados del país firmaron un convenio de colaboración inédito para la formalización del empleo, cuya primera fase busca incorporar durante el segundo semestre del 2013 a unos 200,000 trabajadores que hoy están en condiciones de informalidad.

En Palacio Nacional, acompañado por los gobernadores de casi todo el país, así como de cúpulas empresariales y sindicales, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto denominado “Programa para la formalización del empleo 2013”, firmado por la Secretaría del Trabajo (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las 32 entidades federativas.

Peña Nieto reconoció que un “insuficiente” crecimiento económico y el incremento demográfico en las últimas tres décadas han originado que 59% de la población ocupada en México labore en la informalidad.

“En otras palabras, actualmente, más de 28 millones de trabajadores no cuentan con el amparo del marco legal o con seguridad social. Además, la mayoría labora en empresas que en promedio son 50% menos productivas que las formales, lo que se traduce en menores salarios”, apuntó el Mandatario.

El Ejecutivo federal advirtió que la informalidad es una “salida falsa” que, si bien libera presiones de empleo en el corto plazo, con el tiempo genera pasivos sociales. Por ello dijo que el Estado mexicano en su conjunto debe rediseñar sus políticas públicas bajo una premisa: crear más empleos, formales y productivos.

Indicó que la informalidad limita las oportunidades de crecimiento profesional e impide que se tengan mejores salarios, además que deja a los mexicanos sin acceso a derechos y satisfactores básicos, como los servicios médicos, el crédito para la vivienda y el ahorro para el retiro.

El IMSS –de acuerdo con lo explicado por el Presidente– asume el compromiso de avanzar en la simplificación y la desregulación de los servicios que ofrece, y así lograr la simplificación, la accesibilidad y la transparencia.

Por su parte, la STPS establecerá una coordinación con los gobiernos estatales y brindará apoyo técnico para asegurar la eficacia y la instrumentación del programa; también tomará las medidas necesarias para que se sumen los proveedores y contratistas de la administración federal, describió.

Si las empresas realmente desean crecer y prosperar, la formalidad es la “única ruta” para lograrlo, afirmó Peña, quien reconoció que este programa es un “esfuerzo inicial”, ya que, dada la magnitud de la informalidad en México, éste es apenas “un primer paso”.

La única manera de resolver problemas estructurales es también con reformas estructurales -prosiguió Peña–; por ello, en septiembre se presentará la reforma hacendaria que tendrá como objetivo la formalización de la economía, anunció.

Cambios laborales no abarataron contratación

El sector patronal del país acusó que la generación de empleo formal sigue siendo costosa, puesto que los cambios recientes a la Ley Federal del Trabajo no atendieron los reclamos de las empresas, lo cual conlleva a la informalidad.

“Hay que reconocer que los costos asociados a la generación del empleo formal no fueron atendidos en la reforma y siguen siendo altos. Tan altos que le dificultan a las micro y pequeñas empresas (mipymes), la creación de empleo formal, generando un círculo de simulación que no nos conviene como país”, aseveró Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ante el presidente Enrique Peña en el marco del inicio del programa de formalización del trabajo.

Durante su discurso en la presentación del “Programa para la formalización del empleo 2013”, dijo que se debe empezar por reconocer la gravedad de este problema, ya que seis de cada 10 personas que trabajan lo hacen en la informalidad.

El empresario recordó que apenas en noviembre pasado se logró la promulgación de una nueva Ley Federal del Trabajo, un logro porque las diferentes partes del sector productivo mostraron la capacidad de generar acuerdos, pero generar un empleo formal es muy costoso.

Habrá periodo de gracia para regularización

La nueva estrategia gubernamental orientada al combate del empleo informal requerirá la coordinación de esfuerzos entre la STPS, el IMSS y las 32 administraciones estatales. Para ello se firmó un acuerdo de colaboración por entidad.

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, explicó en entrevista que se iniciará -a través de las delegaciones estatales- una campaña de acercamiento a empresas de más de 50 trabajadores, que en su plantilla tengan empleados informales, y así convenir un tránsito “amistoso” hacia la formalización del empleo.

El primer acercamiento será para convenir, por lo que no se contemplan sanciones, puntualizó.

Asimismo, detalló que otro objetivo será que las casi 2.5 millones de trabajadoras domésticas que no cuentan con seguridad social se puedan dar de alta de manera voluntaria, ya que al ser un trabajo volátil, puedan llevar su seguridad social consigo y el patrón sea el encargado de hacer el pago.

También detalló que hay 6.6 millones de trabajadores agrícolas de autoconsumo, los cuales serán atendidos por la Secretaría de Agricultura para explicar los beneficios a los que pueden acceder si tienen la formalidad del empleo, por ejemplo, a los créditos.

“La buena fe siempre se demuestra con hechos, y nosotros vamos a esperar, con esa buena fe, que se cumplan los plazos para los hechos”, dijo el Secretario, quien destacó que los plazos de cumplimiento serán variables, de 20 o 30 días, y según la política de cada estado del país.

Y es que externó que las características de informalidad de cada estado son distintas, por eso cada entidad tendrá su propia meta y su estrategia específica.

Indicó que los 200,000 trabajadores que buscan incorporar a la formalidad en este año sería una composición entre burocracia y el sector privado.

Metas medibles

En su discurso durante el evento, el titular de la Secretaría del Trabajo dijo que la informalidad no sólo significa trabajar “al margen de la ley”, sino hacerlo sin eficiencia, sin capacitación, sin posibilidad para innovar y sin competitividad. Habló, además, de metas medibles y cuantificables como parte de los convenios firmados ayer.

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CRÉDITO: 
Mauricio Rubí, El Economista