Gasolinazo encarecerá 30% costo de obras: AMIC

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) consideró necesario reducir la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, luego del aumento en el precio de las gasolinas.

Asimismo, manifestó su desacuerdo respecto al alza del combustible, debido a que pone en riesgo la permanencia y viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector.

El presidente de la agrupación, Francisco Javier Gallo, dijo que es necesario reducir la tasa del IEPS, así como bajar el importe de las cuotas obrero-patronales del IMSS y del Infonavit, además de realizar una redistribución de la obra pública que beneficie a un número mayor de Mipymes, entre otras medidas.

Y es que, explicó, el incremento a la gasolina, energía eléctrica y gas aumentarán el costo de la obra hasta en 30%, de forma tal que el deterioro del proceso productivo “es tan grave que puede llevar a situaciones de riesgo en la construcción”.

“Esta situación, que no estaba prevista en los contratos de obra pública para el ejercicio 2016 en proceso, atenta contra la firmeza de las obligaciones establecidas y la proyección económica acordada”, argumentó.

Expuso en un comunicado que entre otras situaciones, la industria de la construcción, que paga salarios muy por encima del mínimo, tiene el factor de riesgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más alto para sus empleados, lo cual incide negativamente en la actividad productiva del ramo.

Además, el ajuste de 250 mil millones de pesos, que representan 35% del presupuesto para infraestructura del gobierno federal, reducirá las opciones de trabajo para las Mipymes.

“A los constructores de México, les recordamos que para que no pierdan su patrimonio, deberán presentar los ajustes de costos correspondientes, lo cual está sustentado en los contratos y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”, dijo.

El presidente de la AMIC mencionó que se dará a todos sus asociados, que suman 1,800, los cursos específicos y la asesoría técnica para que realicen sus gestiones que les permitan presentar oportunamente los ajustes de costos establecidos en la ley.

“No podemos evitar el alza a los costos, pero tenemos la facultad legal de exigir que se nos pague lo que nos cuesta nuestro trabajo al ejecutar la obra pública”, aseveró.

apr

CRÉDITO: 
Notimex

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