Diputados proponen padrón de empresas de outsourcing

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Ante la proliferación de trabajadores contratados por esquemas de subcontratación y outsourcing, es indispensable que exista en el país un padrón de las empresas encargadas de la prestación de este servicio, por los que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el 15C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, para contar con dicho padrón.

En la propuesta presentada por la diputada Ivanova Pool, secretaria de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, refiere que en el país hay más de 29 millones 642,000 trabajadores contratados bajo ese esquema, “de ahí la importancia de contar con un padrón que facilite la fiscalización y en su caso, la sanción para impedir que algunas empresas dedicadas a la prestación de estos servicios recurran a la evasión fiscal”.

La anterior propuesta se suma a la certificación, a través de la Norma Oficial Mexicana, que analizan el sector privado con la Secretaría de Economía, a fin de eliminar a las compañías que utilizan de manera incorrecta la subcontratación y evaden el pago de impuestos y los derechos laborales de los trabajadores.

La legisladora indicó que su propuesta busca proteger los derechos laborales de los mexicanos contratados bajo este régimen, así como impedir la evasión fiscal por parte de las empresas subcontratantes, pues dijo que a pesar de que en los últimos tres años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó más de 394,257 visitas a 292,796 empresas, las inspecciones para las de outsourcing no están contempladas en la legislación.

Recordó que del 2008 al 2014, el Servicio de Administración Tributaria detectó 512 empresas con prácticas de “outsourcing indebido”, mismas que evadieron impuestos por más de 79,236 millones de pesos, equivalentes a 40% del valor de los contratos y afectando a más de 230,000 empleados. (María del Pilar Martínez)

pmartinez@eleconomista.com.mx

CRÉDITO: 
María del Pilar Martínez / El Economista

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