Diputados proponen aumentar recursos al Inadem en 2017

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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados propuso, al aprobar su opinión respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para este sector, que se destinen 6,200 millones de pesos para el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

La opinión, avalada en reunión de trabajo, precisa que dicho instituto ejecuta el Fondo Nacional del Emprendedor, en el cual para 2016 se aprobó un presupuesto de 7,200 millones de pesos, y durante el transcurso del año se ajustaron mil millones, por lo cual el presupuesto ejecutable quedó en 6,200 millones de pesos.

En el proyecto de presupuesto federal enviado por el Ejecutivo para 2017, se plantea que se destinen para este fondo 3,760 millones de pesos, lo que significa una disminución considerable y una diferencia real de 3,500 millones.

La instancia legislativa indicó que de acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el presupuesto que se destine para apoyar a estas empresas y a los emprendedores, no podrá ser inferior al que destine la Federación en el año anterior.

El presidente de la comisión, Jorge Enrique Dávila Flores, resaltó que la base de la productividad del país depende de la generación de empleos y el Fondo Nacional del Emprendedor apoya esa acción, sobre todo a la pequeña y mediana empresa que es parte fundamental de la actividad económica del país.

También reconoció las condiciones que prevalecen en el entorno general de la elaboración del Paquete Económico 2017 y las limitaciones que existen, así como que se debe construir un presupuesto austero y responsable y que tenga un balance positivo.

Durante la sesión de trabajo se aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor que informe sobre los resultados de las verificaciones a los establecimientos que expenden combustible al público en general, como estaciones de servicio o gasolineras y plantas almacenadoras y distribuidoras de gas LP.

El documento señala que actualmente operan 10 mil 715 estaciones de servicio de gasolina y diésel, concesionarias de Petróleos Mexicanos, y casi la mitad funciona con irregularidades que termina pagando el consumidor.

Subraya que esta problemática de robo de gasolina y otras anomalías se ve agravada con la presunta colusión entre autoridades y los encargados de las gasolineras.

“Estos, junto con los administradores, se enteran, al parecer por los mismos verificadores, de los operativos que la Profeco realizará, lo que les permite ajustar las máquinas despachadoras y dar litros de a litro, y no como les venden a los usuarios, litros de 800 mililitros”.

Otros, añade, verifican una de las bombas que no está alterada, o “peor aún, otros más reportan que realizaron verificación en gasolineras que nunca verificaron” porque piden cantidades de entre dos mil a tres mil pesos”.

Señala que de acuerdo con las disposiciones previstas en la Constitución y en las leyes federales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección al Consumidor, la información en posesión de la Profeco debe divulgarse porque es de interés público y resulta relevante para la sociedad.

Además, ayuda al consumidor a evitar abusos en las gasolineras, y a los ciudadanos a tener conocimiento sobre los procedimientos de verificación a las estaciones donde se expende gasolina y diésel y, en su caso, a contar con todos los elementos para denunciar.

También aprobó otro punto de acuerdo para solicitar también a la Profeco informe respecto de las acciones de difusión de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones que actualmente realice. Asimismo, que en su programa de comunicación social considere dichas acciones.

apr

CRÉDITO: 
Notimex

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