Comisión vota iniciativa casi a la medianoche

Foto: Cuartoscuro

Se incluyeron otro gravámenes y exenciones para productos y servicios

Las disposiciones incorporadas al dictamen aprobado ayer por la noche en la Comisión de Hacienda de San Lázaro incluyeron otros gravámenes y exenciones para productos y servicios que fueron sujetos de debate en las últimas semanas, tras el envío de la iniciativa de reforma.

Van por menores derechos en banda de 2.5

En su dictamen de la iniciativa, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados propone al pleno una reducción en el monto de las cuotas de pago de derechos propuestas por el Ejecutivo para la banda de 2.5GHz a 2.69GHz, con el propósito de que el recién constituido Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tenga un mayor margen para establecer las contraprestaciones por el espectro radioeléctrico en dichas bandas.

Lo anterior, luego de que la iniciativa original planteaba la actualización generalizada del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico. La reducción, que deja el pago de derechos en 0.055 dólares por MHz por habitante, se plantea para que las cuotas permitan que los servicios de telecomunicaciones se encuentren en un nivel de penetración y precios por debajo de los países de la OCDE.

Transporte público terrestre de personas

Mantiene la exención únicamente al transporte público terrestre de personas, prestado exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, en todas sus modalidades, incluyendo al servicio ferroviario, ya que, a diferencia del foráneo, es utilizado para trasladarse a los centros de trabajo y escuelas y tiene un efecto particularmente elevado en el presupuesto de los hogares de menores ingresos.

Créditos hipotecareos

La Comisión que dictaminó considera que en estos momentos no es adecuado gravar la enajenación de casa-habitación, los intereses derivados de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de casa-habitación, las comisiones que se cobran en su otorgamiento, así como el arrendamiento de vivienda.

Restaurantes

La reforma elimina la deducibilidad en los consumos en restaurantes, que era de hasta por un monto de 12.5% del pago efectuado.

Actualmente, la Ley del ISR permite a contribuyentes, personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales realizar la deducción de los consumos; sin embargo, se elimina “con la finalidad de evitar abusos de los contribuyentes por consumos en restaurantes que no corresponden a los gastos necesarios para la realización de su actividad”.

IVA colegiaturas

Mantener la exención a los servicios educativos prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado permitirá fortalecer la economía familiar: en la medida en que no se cobre dicho impuesto, los padres de familia podrán disminuir el gasto por los servicios mencionados, lo que generará una mayor disponibilidad de recursos en el hogar, que podrán destinarse a otros rubros de gasto, indispensables para el mejoramiento y bienestar de las familias.

Arrendamiento de autos

El proyecto de decreto mantiene que la Ley del ISR permita a las personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales deducir el importe del arrendamiento de automóviles.

Sin embargo, propone ajustar el monto de la renta de automóviles a 200 pesos diarios por unidad en lugar de los 250 que se tienen ahora.
Indican que, en el decreto presidencial del 23 de abril del 2003, se estableció que el monto deducible por este concepto es de 165 pesos por unidad, por lo que se hace un ajuste al monto deducible por este costo.

Oro

Se elimina el tratamiento de tasa 0% en la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea de 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general.

Estas operaciones reflejan capacidad contributiva de los compradores y, al ser “manifestaciones de riqueza, deben ser gravadas”.

El fin de la tasa 0% es evitar se afecte el poder adquisitivo de la población menos favorecida y reducir el impacto de los precios entre el gran público consumidor.

“La adquisición de estos bienes, aún cuando sea en las etapas previas al consumidor final, debe estar afecta al pago del impuesto como cualquier otra enajenación”.

CRÉDITO: 
Redacción, El Economista