Avanza el acceso a la información

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Política de transparencia debe promover sistematización de datos públicos y desarrollo de tecnología

México debe pasar de una política de transparencia a la conformación de un gobierno verdaderamente abierto, coincidieron expertos en la materia.

Si subimos información en open data solamente es transparencia; pero si no hay un involucramiento cívico y una comunicación de dos vías, no existe un gobierno abierto, afirmó el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

Planteó que éste último concepto (el de gobierno abierto) debe erigirse sobre tres pilares básicos. El primero de ellos, el de sistematización de la información pública, se refiere a la presentación de los datos en formatos específicos que permitan acceder a éstos sin restricciones.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene ya una normativa sobre datos abiertos; pero en las próximas semanas se hará pública la política nacional al respecto, lo que significa que la información no esté en un archivo PDF, Excel o Word, sino que se presente en un formato que permita trabajarla 
sin restricciones.

El segundo, agregó, se refiere al desarrollo de la tecnología necesaria para procesar la información, tema en el que México ha sido pionero y en el que el módulo de Inteligencia de Mercado del CompraNet es un ejemplo.

La sociedad 
debe participar

El tercer componente de un gobierno abierto, enfatizó Bohórquez, es el mayor involucramiento de la sociedad civil en el uso óptimo de la información a 
la que tiene acceso.

“Necesitamos empezar a cambiar nuestro discurso político como sociedad civil, no sólo como gobierno. Lo que requerimos en este momento es un sistema nacional de integridad; es decir, un conjunto de instituciones muy diversas que -cuando interactúen- resuelvan las controversias de manera armónica", consideró Bohórquez.

Detalló que alrededor de las licitaciones surgen diferentes problemas de información, de competencia económica, de competitividad y de integridad de los procesos, entre otros, cuya solución no puede depender solamente de la SFP ni de CompraNet.

“A CompraNet le pedimos que resuelva todos y cada uno de los problemas asociados con las compras públicas y en realidad es sólo una pieza de un engranaje complejo que pasa por la competencia económica y por las atribuciones que tendrá ahora el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); pero también por lo que hagan las empresas, porque algunas de ellas están coludidas e intencionalmente sobornan a servidores públicos para encontrar contratos a su favor", mencionó.

Falta confianza 
en el gobierno

El coordinador de Enlace de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Edmundo Salas, advirtió que para lograr que los instrumentos del gobierno abierto puedan tener un impacto en la participación creciente de la ciudadanía se tiene que generar un proceso de confianza entre la población.

“En México, 70% de los ciudadanos que han sido entrevistados en relación a la confianza 
en la administración pública manifiesta tener muy poca confianza en ésta”, refirió Salas.

Planteó que se necesitan fortalecer los esquemas de formación y de cambio cultural de los servidores públicos para que —no solamente la SFP sino todas las dependencias del gobierno federal, con las entidades y municipios- puedan armonizar ese proceso y comprometerse a avanzar en la apertura de datos y de los mecanismos que los generan.

“No puede, la Función Pública, ser el Quijote de la Mancha que en su soledad ande peleando con los molinos de viento. Tiene que ser el gobierno federal en conjunto el que estimule y fortalezca los procesos 
de decisión y de asimilación cultural de los servidores públicos con relación a un gobierno abierto”, comentó el Coordinador de Enlace de la CMIC.

Advirtió que, actualmente, 
se desarrolla una etapa de transparencia en la gestión legal de 
la información.

Sin embargo, dijo que los ciudadanos aún tienen que hacer una serie de trámites casi judiciales para arrancarle información a las instituciones públicas.

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CRÉDITO: 
Ricardo Alonso, El Economista